Hay servicios que sostienen al mismo tiempo una responsabilidad pública y una necesidad profundamente humana. Las recogidas judiciales son uno de ellos: están al servicio del Estado, porque forman parte de la cadena judicial y forense, y están también al servicio de las familias y de la ciudadanía, porque exigen responder con dignidad, respeto y profesionalidad en circunstancias especialmente sensibles.

Y quizá convenga detenerse en ellas precisamente ahora, cuando empiezan a aparecer señales que no deberían pasar inadvertidas.

No hablamos de una hipótesis, estamos ante ejemplos concretos que están ya encima de la mesa: Galicia y Sevilla. En un caso, un procedimiento que acaba de quedar desierto. En otro, una licitación a la que solo se presenta un licitador, que además no es una empresa funeraria.

No son episodios aislados, son síntomas.

Síntomas de que seguimos sin poner suficientemente en valor una de las partes más invisibles, exigentes y delicadas del trabajo que realizan las empresas funerarias.

Porque aquí no estamos ante una anécdota administrativa. Estamos ante una advertencia sobre la sostenibilidad del servicio.

No estamos hablando de un traslado o un desplazamiento, no estamos hablando de una logística ordinaria.

Ni estamos hablando de poner un vehículo en marcha y cubrir una distancia.

Estamos hablando de disponibilidad real, de activación inmediata, de personal preparado, de vehículo específico, de coordinación con juzgados, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal forense e institutos de medicina legal.

Estamos hablando de intervenir en contextos especialmente sensibles, a menudo alejados, a veces complejos y siempre no demorables.

Y eso tiene un coste.

Pero, sobre todo, eso tiene un valor.

Lo que se exige no es un trayecto: es una capacidad de respuesta.

Uno de los problemas de fondo en las recogidas judiciales es que demasiado a menudo se siguen mirando como si el núcleo del servicio fuera el desplazamiento.

Y no lo es.

El trayecto existe, por supuesto. Los kilómetros importan. Y el combustible, el tiempo, el personal, el vehículo, el sudario, los medios materiales, la prevención y la estructura…

Pero nada de eso explica por completo lo esencial.

Porque lo verdaderamente decisivo no es solo el trayecto que se realiza. Es la capacidad de poder realizarlo en cualquier momento, con inmediatez, con profesionalidad y con medios adecuados.

Eso es lo que se está contratando: la posibilidad de estar cuando se necesita.

Y eso, en un servicio como este, no puede valorarse como si fuera una mera suma lineal de kilómetros y mano de obra. Ni siquiera desde esa lógica insuficiente los números resultarían sostenibles.

Porque no se está pagando solo una intervención puntual. Se está pagando, o debería pagarse, la disponibilidad permanente que hace posible esa intervención.

La diferencia no es menor.

Es exactamente la diferencia entre pagar un desplazamiento y sostener un servicio.

Y conviene decirlo con claridad: cuando una recogida judicial completa, con vehículo específico, personal, material, disponibilidad inmediata, desplazamientos a veces largos y traslado al instituto de medicina legal, termina retribuyéndose en cifras que apenas reconocen una fracción del coste real, lo que se está infravalorando no es solo una prestación concreta. Se está infravalorando una capacidad de respuesta crítica y el valor de un servicio.

Lo que no se ve también cuesta

Una de las mayores dificultades del sector funerario es que buena parte de su valor permanece invisible.

Se ve la intervención, no siempre se ve la estructura que la sostiene.

Se ve el vehículo llegar, no siempre se ve la base preparada para salir en cualquier momento.

Se ve la recogida, no siempre se ve el personal disponible, la formación, la prevención, el desgaste, la organización, la coordinación y el coste de estar permanentemente en condiciones de responder.

Y, sin embargo, todo eso forma parte del servicio.

No como accesorio, añadido o “extra”: forma parte de su núcleo.

Porque una recogida judicial no empieza cuando se desplaza un cuerpo en un vehículo. Empieza mucho antes: en la obligación de estar preparados, de tener medios, de poder salir, de saber actuar y de sostener profesionalmente una intervención que no admite improvisación.

Por eso, cuando el precio no reconoce todo eso, lo que se devalúa no es solo una factura. Lo que se devalúa es el propio sentido del servicio.

Y eso acaba teniendo consecuencias.

Cuando la advertencia deja de ser teórica

Los ejemplos recientes de Galicia y Sevilla deberían leerse con atención.

Cuando un procedimiento queda desierto, el problema no puede despacharse simplemente diciendo que no ha habido interés empresarial. Y cuando a una licitación solo concurre un licitador, que además no pertenece propiamente al ámbito funerario, tampoco deberíamos leerlo como una mera circunstancia del mercado.

La pregunta de fondo es otra.

¿Qué está ocurriendo para que empresas funerarias con experiencia, medios, capilaridad territorial y conocimiento directo del servicio no concurran, o no puedan concurrir, en condiciones razonables?

¿Qué idea del servicio revelan esos pliegos?

¿Qué precio se está asignando a la disponibilidad, a la especialización, a la inmediatez y a la responsabilidad profesional?

Porque cuando los operadores que sostienen habitualmente este tipo de prestaciones empiezan a apartarse, el problema no es solo contractual: es estructural.

Lo hemos visto también en otros ámbitos de prestación esencial. La crisis de Muface ha dejado una enseñanza que no debería pasarnos inadvertida: cuando durante demasiado tiempo se tensiona un modelo en el que el precio no reconoce adecuadamente el coste real del servicio, la aparente estabilidad puede no ser fortaleza sino aplazamiento de la insostenibilidad.

No se trata de trasladar mecánicamente un caso a otro, pero sí de entender la lógica de fondo.

Cuando un servicio esencial se remunera por debajo de lo que cuesta prestarlo con solvencia, el problema puede tardar en hacerse visible. Durante un tiempo, el sistema parece funcionar: los operadores sostienen la prestación, absorben tensiones, ajustan márgenes, resisten. Pero llega un momento en que aquello que parecía equilibrio revela otra cosa: que se estaba sosteniendo sobre una valoración insuficiente del servicio.

Y entonces aparecen las señales.

Concursos que quedan desiertos.

Licitaciones con concurrencia mínima.

Prestadores que se apartan.

Modelos que empiezan a mostrar su fragilidad.

Por eso Galicia y Sevilla no deberían leerse solo como dos incidencias administrativas. Deberían leerse como avisos tempranos de una conversación que el sector y las administraciones necesitan abordar con seriedad: cuánto cuesta realmente sostener una recogida judicial con profesionalidad, disponibilidad, medios adecuados y capacidad territorial de respuesta.

Cuando el valor no se reconoce, la sostenibilidad se resiente

A veces se habla de estas cuestiones como si fueran una reclamación puramente empresarial. 

Por supuesto, lo son, porque ninguna actividad puede sostenerse indefinidamente si se remunera por debajo de lo que cuesta prestarla con solvencia. 

Pero no se agotan ahí, porque implican también sostenibilidad institucional, territorial y operativa.

Cuando no se reconoce económicamente el valor de una recogida judicial, el problema no desaparece, solo se desplaza.

Se desplaza hasta que un contrato deja de interesar, hasta que un concurso queda desierto.

Se desplaza hasta que aquello que parecía barato revela, en realidad, que estaba insuficientemente valorado.

Y entonces descubrimos algo que hay que decir sin rodeos: infrafinanciar un servicio esencial no abarata el sistema, lo fragiliza.

Quizá aquí haya una advertencia que no deberíamos seguir aplazando. Podemos seguir hablando de muchas cuestiones importantes, y algunas lo son mucho. Pero si no empezamos a analizar con seriedad el ticket funerario, el valor real de cada prestación y la sostenibilidad económica de las empresas que sostienen el servicio, corremos el riesgo de permanecer anestesiados mientras la situación se agrava.

Puede parecer que todo esto pertenece solo al plano de la contratación, de la Administración o de la sostenibilidad empresarial. 

Pero no es del todo así. Lo que una recogida judicial sostiene no es únicamente una cadena operativa. Sostiene una parte especialmente delicada de la respuesta que la sociedad da ante una muerte judicializada, sostiene profesionalidad, dignidad, respeto, orden y capacidad de actuación en uno de los contextos más sensibles que pueden existir.

Y eso también forma parte de la respuesta que una sociedad ofrece ante la muerte.

No es una cuestión menor, ni meramente económica.

Es una cuestión de responsabilidad pública, de dignidad institucional y de respeto a las familias, incluso cuando estas no aparecen directamente en el expediente.

Porque si como sector no sabemos explicar bien el valor de lo que se hace en una recogida judicial, otros acabarán leyéndolo como simple logística. Y cuando un servicio esencial se interpreta como mera logística, lo siguiente suele ser intentar comprarlo al precio más bajo posible.

Ya hemos visto esa secuencia en otros terrenos.

Y sabemos adónde conduce.

No es una retirada. Es una responsabilidad pública sostenida por empresas funerarias

Tal vez haya llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre.

Una recogida judicial no es una retirada.

No es un mero transporte.

No es una prestación accesoria.

Es una intervención especialmente sensible, integrada de hecho en la respuesta judicial, forense y funeraria, que exige profesionalidad, medios específicos, disponibilidad permanente y capacidad territorial de respuesta.

Y esa realidad debe tener reflejo en la forma de contratarla y de remunerarla.

No por privilegio, corporativismo o defensa automática de parte, sino por realismo.

Porque cuando el precio no reconoce el coste real de una obligación permanente de disponibilidad, lo que se está diciendo implícitamente es que estar preparados vale poco. Que la especialización vale poco. Que la capacidad de responder de forma inmediata puede sostenerse casi gratis.

Y eso no es cierto.

No lo es para las empresas.

No lo es para la Administración.

Y no lo es para las familias ni para la sociedad.

Conclusión: antes de que la señal se convierta en problema

Quizá convenga terminar precisamente ahí, sin suavizar la advertencia.

Podemos seguir poniendo tiritas sobre los síntomas. Pero si la enfermedad de fondo no se estudia con rigor (el valor real de las prestaciones, su coste efectivo y la sostenibilidad de quienes las hacen posibles), el problema no desaparecerá. Solo se hará más grave.

Porque cuando un sector deja de poner en valor lo que hace, deja de cobrar lo que necesita cobrar y acaba compitiendo más por precio que por servicio, el deterioro no siempre es inmediato, pero sí progresivo. Y cuando se quiere reaccionar, a veces ya es mucho más tarde.